Es éste un concepto que se aplica en economía y que alude a las situaciones en las que un individuo actúa pensando que no está expuesto a las consecuencias de sus acciones. Existen diversos ejemplos aplicables a estas situaciones pero hay uno que me llama la atención, esgrimido por las entidades financieras americanas una vez fueron reflotadas con el dinero de los contribuyentes.

Cuando la imposibilidad de hacer frente a sus hipotecas ahogaba a muchos norteamericanos (esto nos suena aquí en demasía), se planteó la posibilid llevar a cabo quitas en la deuda hipotecaria, es decir, reducirla, del mismo modo que se hace con países (como Grecia, en estos momentos) o con las empresas que entran en aplicación de la Ley Concursal, a las que sus acreedores condonan parte de la deuda con la esperanza de cobrar el resto frente al riesgo de no cobrar nada.

Se esgrimió en aquel momento el concepto de riesgo moral: ¿qué pensarían aquellos que pagan sus deudas hipotecarias íntegramente? Señalaban que dejarían de pagar para atenerse al mismo sistema y eso pondría en crisis a las entidades financieras.

Sin entrar a valorar en este momento ese razonamiento, está bien que sepamos que esto lo decían los mismos que no habían asumido ningún riesgo moral, invirtiendo dinero de mucha gente, no el suyo, en productos financieros tóxicos y sin asumir ninguna responsabilidad por las pérdidas y quiebras generadas por su comportamiento. Es una particular ley del embudo: lo ancho para mí y lo estrecho también.

Y ahora el Gobierno conservador de Rajoy nos plantea otra medida que es otro nefasto ejemplo de cómo algunos ricos no asumen riesgo moral alguno. El Gobierno plantea una amnistía fiscal para aquellos que han defraudado con anterioridad (aquí no están los asalariados, estos difícilmente pueden escaparse del pago de impuestos): pagar una irrisoria cuota a cambio de aflorar lo defraudado, obtener el perdón y, casi con toda seguridad, el anonimato. En lugar de perseguir el fraude, se premia con un menor tipo impositivo y se perdonan las sanciones. Un bonito ejemplo para futuros defraudadores y un estímulo a los inspectores fiscales para que no se molesten mucho en buscar lo defraudado.

Y esto se hace sabiendo que la mayoría no podremos acogernos a esa amnistía fiscal, fundamentalmente porque los asalariados tienen difícil defraudar y, en caso de impago, se verían perseguidos por sanciones tributarias además de verse obligados al pago de impuestos con recargos.

Estos son los intereses que defiende el Gobierno conservador español que, en poco más de cuatro meses, ha tomado un sinfín de medidas de tipo ideológico con la excusa de la crisis, medidas que penalizan a los asalariados y pequeños autónomos y que no harán cosquillas a quienes no necesitan de lo público para tener una buena calidad de vida.

Hace unos días se publicaba la lista Forbes de las personas más acaudaladas del planeta; entre ellos, en el quinto lugar, un español. La noticia me plantea dos reflexiones que nada tienen que ver con los comentarios habituales. La primera tiene que ver con los criterios que se siguen para configurar la famosa lista: ¿están todos los que son?

Digo esto porque tengo la sensación de que hay algunas fortunas que no están, aquellas obtenidas mediante la explotación de algunos pueblos, del expolio de los recursos naturales y de todo tipo, de países empobrecidos y que solo se conocen cuando se derroca al tirano en cuestión; basta con hacer un repaso a lo comentado sobre Gadafi o Mubarak o recientes publicaciones sobre el lujo de los Obiang. Lo mismo ocurre con algunas fortunas fruto de la delincuencia organizada, tampoco aparecen en esa lista, intuyo.

Es decir, en la lista Forbes no aparecen esas fortunas ilícitas que se ocultan en paraísos fiscales y en la opacidad bancaria de algunos países y eso es algo que una sociedad moderna tiene que combatir. En mi opinión los mercados han de estar regulados para evitar excesos y garantizar la igualdad de oportunidades pero también para luchar contra la corrupción internacional de la que, en algunas ocasiones, es cómplice o connivente la actuación de empresas y gobiernos del primer mundo.

La segunda reflexión tiene que ver con la cultura del esfuerzo, algo que en España oímos mucho cada vez que el Partido Popular habla de una reforma educativa. Es cierto que ha de promoverse una cultura del esfuerzo pero eso no es patrimonio ni de una ideología ni de una clase social, la empresarial. Gente de toda clase e ideología se esfuerza a diario y en todo el mundo, algunos incluso para subsistir simplemente.

Porque ¿justifica el esfuerzo hecho por los que aparecen en la lista Forbes su riqueza? A mí me parece que no. Millones de personas se esfuerzan a diario para sobrevivir pero sus condiciones, su origen, el lugar en que han nacido, nunca les sacará de la más absoluta miseria. En muchas ocasiones, esas personas se esfuerzan y sufren mucho más que otras que viven en la opulencia, por eso creo que el esfuerzo de los Forbes no justifica esas riquezas, esas desigualdades. Más aún, creo que hay muchos empresarios que se se esfuerzan tanto o más y nunca alcanzarán esa riqueza.

Creo que quienes somos de izquierdas somos conscientes de las injusticias y de las desigualdades y que nuestra motivación es remover todas las trabas que oprimen a muchas personas para garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social. Es una meta difícil por eso, en ocasiones, defraudamos cuando gobernamos, por la dificultad de alcanzar esos objetivos y los frenos de quienes no los comparten.

Hay cosas que aprenderemos de esta crisis y que deseo no olvidemos nunca y seamos capaces de trasladar a nuestros hijos. En concreto a mí me preocupa una como responsable político: que la política del trazo grueso, la de la gran cifra, sea insensible con las situaciones de cada persona. Me van a disculpar que hable un poco de las grandes cifras antes que de sus repercusiones en las personas, esperando no ser muy árido, para ponerles en situación.

Asistimos a diario al intento de acuñar una verdad monolítica: que tenemos que recortar, que tenemos que padecer, sufrir para tener opciones de un futuro mejor. Recortes, sangre, sudor y lágrimas, no hay otra se nos dice. Se nos infunde miedo para vendernos una sola solución a la crisis económica y nos lo infunden aquellos que han estado en las grandes empresas financieras que han causado esta crisis, entre ellos nuestro actual Ministro de Economía, Luis de Guindos, quien era presidente de la división ibérica del banco Lehman Brothers cuando éste quebró estrepitosamente.

También Mario Draghi, nuevo director del Banco Central Europeo, Lukas Papademos, nuevo primer ministro griego y Mario Monti, presidente del Consejo italiano. Todos ellos vinculados a los actuales problemas de Grecia por posibles maquillajes de las cuentas públicas helenas, los dos italianos por su vinculación con Goldman Sachs, empresa autora de los maquillajes, y el presidente griego por su cargo de presidente del Banco Central griego.

Es decir, quienes han trabajado y cobrado pingües ingresos por una nefasta gestión de sus empresas privadas que nos ha conducido a la actual situación de crisis están ahora al frente de las instituciones públicas que tienen que buscar las soluciones. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Por cierto, todos en gobiernos de derechas.

E igual que vendían una teoría económica única desde sus empresas privadas nos venden ahora, desde las instituciones públicas, la que más interesa a esas empresas: garantía de cobro de la deuda pública que han comprado y recortes a ultranza para favorecer la salida del Estado de políticas que nos igualan en derechos y oportunidades, fundamentalmente, la sanidad y la educación públicas.

Y aquí es donde está la insensibilidad con las personas: más recortes significan más paro, lo sabe hasta el que asó la manteca; más recortes son despidos en los servicios públicos. Probablemente, algunos estaban sobredimensionados pero ¿en la sanidad y en la educación? Y, además, esos recortes suponen peor atención a los enfermos y peor educación para nuestros hijos. También más paro en el sector privado, porque si las administraciones gastan menos, muchas empresas se tambalean, unas por falta de contratos nuevos y otras por impagos.

Por eso me sorprende que se haga con tanta insensibilidad. ¿O acaso no es insensible una reforma laboral que rompe el equilibrio y vuelca la balanza a favor de quien, a priori, es más fuerte? Además de estar agradecidos por no verse afectados por los recortes y quedarse sin empleo, muchos trabajadores se van a ver forzados a callar y aguantar la imposición de medidas unilaterales por la fuerza que a los empresarios ha dado esta reforma laboral.

Nos dicen que esta reforma es necesaria para crear empleo y yo me pregunto si cuando atábamos los galgos con longanizas a alguien le preocupaba si el mercado laboral era más rígido. Lo que generaba empleo entonces era más actividad económica, no más facilidad para despedir o imponer condiciones a los trabajadores.

En el fondo, todas estas políticas que aplica la derecha son profundamente insensibles con las personas, con la cruda realidad diaria de muchas de ellas, con las dificultades para llevar una existencia digna. Más aún, agravan esas dificultades, esa cruda realidad, mientras dan prevalencia a los intereses de unos pocos como demuestran los datos que hablan del incremento de las diferencias sociales.

Sin duda, el anterior gobierno socialista cometió errores pero han bastado tres meses para, -aunque se nos quiera hacer creer lo contrario-, comprobar que hay distintas posturas ideológicas y que ese gobierno era más sensible a las dificultades de los que tienen más dificultades.

Mientras la derecha nos habla más del éxito personal, del esfuerzo, los progresistas somos más conscientes de que las condiciones de partida no son iguales para todos: por mucho esfuerzo personal que haga un etíope que viva en la miseria, difícilmente saldrá de ella. Como decía Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”.

Para quienes somos de izquierdas, uno de los objetivos fundamentales es hacer que las circunstancias de todos sean más justas, más equitativas, para que todos podamos desarrollar en la mayor plenitud y dignidad nuestras vidas. Y para eso es importante que las grandes cifras sean sensibles con las personas.

Ayer veía las imágenes de la reunión de la Ministra de Trabajo con empresarios y sindicatos: exultante sonrisa la de Fátima Báñez, casi carcajada la de Rosell y Terciado, gesto adusto en Méndez y Toxo. La cara era el espejo del alma y reflejaba a las claras las sensaciones que la reforma laboral producía en cada uno de los interlocutores.

La Ministra satisfecha por el encargo cumplido; los representantes empresariales más que satisfechos puesto que además de alcanzar muchos de sus objetivos lo hacían sin coste social alguno (todo gratis et amore como regalo de Mariano Rajoy); los representantes sindicales apesadumbrados por el recorte de derechos laborales.

Me hago tres reflexiones al respecto:

1ª. Cuando una norma, laboral en este caso, tiene que regular la relación entre dos partes debería atender a dos principios: el del equilibrio y el de una cierta protección del más débil. Las caras de los que se reúnen me dan a entender que no se cumple ninguno de ellos.

2ª. Se dirá que ha de primar otro principio preeminente: el de favorecer la creación de empleo. Pero a mí lo que me parece es que cuando más empleo se generaba era cuando la economía estaba activa con independencia del coste del despido y de otras llamadas eufemísticamente rigideces. Además de negarnos a estimular la economía se pretende degradar a la categoría de bono basura los derechos laborales, como si con eso pudiéramos competir con otras economías en las que las condiciones de trabajo se asemejan más a nuevas formas de esclavitud.

3ª. El Partido Popular pretende aprovechar la crisis para hacer una verdadera revolución ideológica en lo social y en lo económico: aproximar el mercado laboral cada vez más a otros con escasas o nulas garantías para los trabajadores e iniciar la conversión de los servicios básicos del estado de bienestar en la mayor tajada económica que se pueda crear, favoreciendo el desarrollo de seguros privados para la salud, la dependencia y las pensiones.

Resumo: la crisis como oportunidad que tiene la derecha para implantar su modelo social y económico en el que prima el sálvese quien pueda como pueda, con el que se cree que los egoísmos individuales son capaces de generar el bien general de la sociedad.

Desde que comenzó esta crisis hemos oído con insistencia, ahora algo menos, que las crisis son siempre una oportunidad. Yo más bien creo que, en términos generales, no nos queda más remedio que hacer de la necesidad virtud: la crisis ha desnudado la fragilidad de nuestra economía, basada fundamentalmente en la burbuja inmobiliaria y cuyo reventón ha provocado un paro sin precedentes en nuestro país, gran parte en ese sector y, en cascada, de otros sectores dependientes del entonces principal motor de nuestra economía.

De esa necesidad tiene que surgir la virtud de tener un modelo económico distinto: todos tenemos en mente varias multinacionales tecnológicas suecas, finesas o alemanas y a mí sólo me viene una española a la cabeza, surgida por otra parte, de la privatización de una empresa pública: Telefónica. Esto también nos da una medida de a qué se ha dedicado la inversión privada de este país.

También es verdad que la crisis también es una oportunidad, pero para unos pocos, generalmente para los que ya gozaban de muchas más oportunidades que la mayoría de la población. Y estos nos tratan de convencer de que solo hay una salida para la crisis y justifican la deposición de gobiernos elegidos democráticamente (incluso de personajes como Berlusconi) sin que nadie se rasgue las vestiduras por semejante forma de violentar el sistema político. Y en su lugar colocan tecnócratas porque sólo hay una forma de salir de la crisis según ellos; mentira, les llamen tecnócratas o como quieran son políticos y harán un determinado tipo de política: el que interesa a los que más tienen.

Es curioso ver cómo quienes han estado en la cúspide de las entidades más involucradas en el origen de la crisis son ahora presentados como salvadores de la misma. Draghi, Monti, Papademos e, incluso, nuestro nuevo ministro de economía Luis de Guindos, estuvieron allí y ahora ¿son los más capacitados para sacarnos de la crisis defendiendo el interés general de la población?

Hagámonos algunas preguntas al respecto:

¿Interesa al común de los ciudadanos o a unos pocos que lo primero que haya que pagar sea la deuda pública en lugar de los servicios básicos como sanidad o educación? Servicios de los que también viven como proveedores muchas pequeñas y medianas empresas. Habrá que intentar pagarlo todo pero ¿hay que obligarse legalmente a dar prioridad a unos pocos que especulan con la deuda?

¿Interesa al común de los ciudadanos que nos apretemos el cinturón por la cintura o que lo hagamos por el cuello con potentes recortes? Todos los economistas saben que más recortes supondrá más paro, incluso hasta lo sabe el nuevo Gobierno de España.

¿Interesa al común de los ciudadanos que la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo presten dinero barato a quienes especulan con la deuda soberana sobreelevando sus tipos de interés y que esto comprometa el pago de pensiones o el mantenimiento de la sanidad y la educación públicas? ¿O interesaría más que se prestara dinero barato a los países sin necesidad de tener un intermediario carísimo en los mercados?

Dentro de la economía de mercado caben otras alternativas que respondan al interés general y no al de unos pocos. Romper ese discurso monolítico que utiliza la derecha basado en que ya no hay ideología, que esto son cuestiones técnicas y que sólo hay una solución posible es uno de los retos de la socialdemocracia. En crisis y en bonanza, la economía ha de estar al servicio del interés general, no del de unos pocos, tanto a nivel nacional, europeo y mundial si realmente queremos mantener la calidad del estado de bienestar y que millones de personas salgan de la miseria y caminen hacia un estatus equiparable.

Es evidente que yo no seré objetivo en mis apreciaciones (casi nadie lo es), pero hay días en que tengo la sensación de vivir en un universo paralelo, distinto al de alguna prensa de mi ciudad. O eso o que mi concepto de lo que ha de ser o no noticia y su magnitud es muy distinto del criterio periodístico. Y podríamos convenir que es cierto, que ese concepto es muy distinto según las personas pero creo que hay cosas que no pueden no existir, no entro a discutir si ocupan más o menos, sino sencillamente que no existan. Y no me refiero a si a mí se me rompió una uña del pie el otro día que, de haber pasado, jamás habría de ser noticia. Me refiero a que vayan a desfilar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como imputados, altos cargos de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por presuntas adjudicaciones turbias de obras, dos de ellos exconsejeros (uno de ellos fue vicepresidente de la Junta y otro de las Cortes de Castilla y León) y que eso no sea noticia. No me parece que eso pueda ser justificable por un determinado tipo de línea editorial ni mucho menos, conciliable con el derecho constitucional a recibir información veraz. Aquí ni más ni menos veraz, sencillamente ocultación de la información, de lo que acontece.

Imaginemos que España no tuviera gobierno propio y fuera gobernada por una asamblea de presidentes de las Comunidades Autónomas. 

Imaginemos que las leyes que aprobaran esos presidentes tuvieran que ser ratificadas por los parlamentos autonómicos, uno detrás de otro, para tener vigencia y que si uno o dos las rechazaran resultaran vetadas. 

Imaginemos que dos presidentes de comunidad autónoma, sin ninguna legitimidad más que la autoinvestida por ser los de las más ricas de las diecisiete, se erigieran en primos inter pares, decidieran por el resto y después les comunicaran sus decisiones con algún margen de matización a los otros quince. 

Sin entrar en las polémicas sobre si estos dos les dicen a los demás en qué tienen que gastar o cuánto tienen que gastar o recortar para garantizar que sus cajas regionales recuperen lo que les prestaron, la cosa ya recordaba bastante a la actual situación de la Unión Europea, más en concreto del Eurogrupo. 

Hago estas comparaciones para trasladar dos reflexiones. La primera que España así, con esa estructura de gobierno, sería mucho más difícil de gobernar, es decir, sin un gobierno propio. Por eso creo que es importante que Europa tenga pronto un gobierno propio, un sistema de gobernanza más eficaz y ágil, no tan lento y trabado como ahora. Y lo es más evidente ahora, cuando los problemas que nos acucian (no de ahora sino de hace tiempo ya), son internacionales.

La segunda cuestión tiene que ver con la legitimidad del actual sistema de gobernanza europeo, alguna tiene pero es manifiestamente mejorable. Y creo que lo es en su vinculación a la ciudadanía, mediante su elección democrática.

A mí me gustaría que las elecciones al parlamento europeo fueran el cauce de elección del presidente de ese gobierno europeo y que partidos como el mío, el PSOE (de profunda raigambre interancionalista desde su fundación), junto con sus homólogos europeos, presentaran un único candidato en toda Europa a presidir ese gobierno. Sería ésta una forma de vincular más el proyecto de construcción europea a la ciudadanía: que los ciudadanos eligieran su gobierno europeo y que hubiera partidos políticos con vocación y presencia europea. 

Seguramente habrá otras alternativas para ello pero mientras no seamos capaces de articular un gobierno europeo legitimado por procesos democráticos será más difícil avanzar en la verdadera unión política y social de Europa.

A medida que avanza el curso escolar, otro curso y discurso políticos han comenzado. Lo que hasta ahora era impenetrable silencio o frases vacuas como “lo que hay que hacer es…”, empieza a convertirse en un quién recorta más. El apoyo total de Rajoy a los recortes de motosierra de Cospedal ha debido de soliviantar a la lideresa madrileña, quien no quiere ser menos que la otrora su pupila y alumna aventajada, y también ha iniciado una poda en la educación madrileña. Europa ha decidido que hemos de acometer un ajuste fiscal profundo, es decir, que tenemos que gastar menos para equilibrar las cuentas, al contrario de lo que ahora plantea Obama que consiste en tratar de estimular la economía con gasto público para generar más actividad y empleo y, así, aumentar la recaudación vía impuestos. Y, en ese discurso de los recortes, el Partido Popular y su línea más dura se sienten tremendamente cómodos. No tanto porque tenga que dejar de gastar (a la vista está que estos años sus comunidades autónomas lo han hecho, al menos, tanto como las demás), sino porque les permite propiciar un giro radical en lo social que llevan años ansiando. Los recortes en la educación madrileña son el colofón a lo que ha acaecido en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, entre ellas, Castilla y León: la paulatina sustitución de la educación pública por la educación privada concertada. Seguramente todos conozcamos escuelas públicas que se han ido cerrando, o viendo mermado su alumnado, mientras dos calles más allá se establecía o ampliaba un concierto con una escuela privada. ¿Es esto un gasto eficaz, mantener algunas escuelas públicas a medio gas y sufragar colegios privados al lado? Dicho de otro modo, ¿es eficaz casi duplicar el gasto para la misma población? La configuración del centro de nuestras ciudades, sin apenas suelo público, y cuarenta años de preeminencia de centros escolares vinculados a la Iglesia obligan, en muchos casos, a concertar centros privados para garantizar la educación gratuita de nuestros hijos, pero que haya una estrategia de sustitución de la escuela pública por la privada concertada, como ya ocurre en muchos barrios, supone una elección política e ideológica. Mientras las competencias de educación las gestionaron gobiernos socialistas en España, en nuestras ciudades se construyeron un sinfín de colegios públicos, con la llegada del Partido Popular en 1996 al gobierno de la nación y la posterior transferencia de la educación a las comunidades autónomas han supuesto que, en las que gobierna, se esté produciendo ese fenómeno de paulatina suplantación de la escuela pública por la privada concertada. Porque los adalides del libre mercado garantizan el concierto a un centro privado de nueva creación y, por tanto, el mantenimiento de la empresa titular de esa escuela (que no deja de ser un negocio); no solo eso, le proporcionan el alumnado necesario bajo la idea de la libertad de elección de centro. Claro que debe de existir esa libertad (nadie impide a nadie llevar a sus hijos a un colegio de pago si puede costeárselo), pero ¿las administraciones han de garantizar la gratuidad de un centro privado cuando existen centros públicos al lado? Dicho de otro modo: la libertad de elección de centro no puede equivaler a la gratuidad de los colegios privados cuando ya existen otros públicos en el entorno. En resumen: los conciertos han de servir para garantizar la educación gratuita en aquellos lugares donde, por razones históricas o urbanísticas, la educación pública no pudo entrar pero no para suplantar a la escuela pública ya existente. Y esta será una de las cosas que decidiremos en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Los recortes en la educación madrileña se ciñen exclusivamente a la escuela pública, parece que la concertada no los sufrirá. Más aún, la consejera se jacta de favorecer a la escuela católica concertada. Intuyo que el plan trazado es educar a niños en valores conservadores para, el día de mañana, tener votantes conservadores. Afortunadamente, la historia nos demuestra que también de la educación más conservadora salieron, como reacción, mentes progresistas. Yo, que me formé en escuela, instituto y universidad públicos, nunca estaré suficientemente agradecido a quienes impulsaron la educación pública en los años ochenta y espero que mis hijos puedan seguir haciéndolo en el mañana.

Uno de los grandes retos que tenemos quienes estamos en política es la pedagogía pero siempre después de tomar decisiones racionales.

Andamos estos días embarcados en constantes noticias de recortes y creo que no acabamos de centrar el tiro. Pasamos de plantear recortes en el número de cargos políticos a la poda de los servicios esenciales del estado de bienestar: educación y sanidad. Recortar cargos políticos, sin duda, tiene una buena acogida ciudadana y puede ser muy racional pero supondrá sumar algunos pequeños recortes salvo que abordamos seriamente una revisión de nuestro entramado político e institucional, seguramente muy necesaria.

 Recortar, más bien meter la motosierra, en educación o sanidad es los último que debería hacerse y, lamentablemente, se está haciendo por las comunidades autónomas gobernadas por la derecha de este país por mucho que se le llame reestructuración o se use otro eufemismo.

 Hacer pedagogía, para mí, es decir que muchos de los recortes vienen forzados por una decisión política de la derecha europea que sólo pretende reducir el endeudamiento público. Al otro lado del Atlántico, Obama quiere gastar más para que haya más actividad y más empleo, permitiendo incrementar la recaudación por los impuestos que generará una mayor actividad.

 Hacer pedagogía también es decir que mucha de la deuda que hoy tenemos permitió financiar muchas infraestructuras hechas cuando pensábamos que éramos muy ricos. Esas infraestructuras que el PP, con Álvarez-Cascos a la cabeza, nos ofreció en el año 2000: autovías y AVE para todas las capitales de provincia y aeropuertos a la vuelta de la esquina.

 Ahora, cuando vemos muchos kilómetros de autovía sin coches (algunas radiales de peaje en Madrid, por ejemplo) o hay que cerrar la línea de AVE Toledo-Albacete, vemos los efectos de la política que puso la miel en los labios a toda la ciudadanía y que poca gente se atrevió a cuestionar como inviable técnica y económicamente.

 Es difícil oponerse públicamente al cuento de la lechera de las infraestructuras y es normal que a todo el mundo le plazca tener autovía, AVE, aeropuerto, puerto… a la puerta de casa, pero al ciudadano hay que explicarlo lo que cuesta y si es viable o no para las arcas públicas la explotación y el mantenimiento posteriores.

 La crisis debería enseñarnos que no puede haber de todo en todas partes pero si algo tendría que ser accesible en todas partes es la sanidad y la educación. Es cuestión de explicar que tenemos recursos limitados, que tenemos que priorizar en qué los gastamos y que, a mi entender, es mejor hacerlo en estado de bienestar amplio que en despilfarrar en infraestructuras que cuesta mucho mantener cuando éstas tienen un uso testimonial.

 En suma: racionalidad a la hora de priorizar las inversiones y pedagogía para que el ciudadano entienda por qué no puede haber de todo en todas partes.

Esta mañana comentaba con una amiga que hace años, cuando todo iba viento en popa, tenía la sensación de que todo estaba prendido con alfileres y que ahora la crisis lo confirmaba. Ella me decía que había a quien, habiéndola liado muy gorda, no le pasaba eso; y esa reflexión es tremendamente cierta.

Viene a cuento esto porque hace tiempo que pienso que, si algo quiebra en muchas ocasiones en los sistemas democráticos occidentales, es la asunción de responsabilidades o, peor aún, que haya algunos que se deslicen por el terreno de la ilegalidad o/y de la inmoralidad para lucrarse a costa de todos, sabiendo que el riesgo de que tengan que pagar por ello es escaso. Y eso pasa en lo público -en política- y en lo privado -en la empresa-.

La ciudadanía se indigna cuando se conocen algunos casos, que pueden ir de tener un Miró en el baño a ponerse unos incentivos bestiales antes de que te echen de una Caja, pasando por sacarle brillo a la tarjeta de crédito de la consejería para cosas personales. Y la gente se indigna ante la ilegalidad/inmoralidad pero se indigna más cuando éstas no reciben condena penal; a mí incluso me asombra cuando ni siquiera hay condena social a determinadas conductas.

Y entonces los políticos pasamos a convertirnos en uno de los principales problemas para la ciudadanía, curioso cuando la política ha de ser la solución a los problemas.

Pero, qué decir de lo que se ha venido en llamar estos años la responsabilidad social coorporativa, el compromiso de las empresas con la sociedad. También aquí hemos conocido conductas ilegales o/e inmorales como evasiones fiscales sonadísimas o asumir el soborno como coste necesario para enriquecerse.

Y al margen de lo ilegal/inmoral, yo creo que existe otro tipo de responsabilidad que tiene que ver con los aciertos y errores en las decisiones que se toman, y ésa existe tanto en política como en la actividad privada. Y si difícil es encontrar políticos que asuman públicamente sus errores, tampoco es fácil encontrarlo en quienes han estado en el núcleo de la crisis financiera: las entidades que crearon productos financieros de alto riesgo y cuyos directivos, pese a los errores cometidos, no solo no asumieron responsabilidades sino que siguieron cobrando incentivos por ¿el trabajo bien hecho?

Si era discutible la idoneidad de algunos incentivos cuando había beneficios, sin duda es irracional que los mismos se mantuvieran después de producirse la catástrofe financiera.

Como decía mi amiga: para algunos que la liaron parda las cosas no estaban prendidas con alfileres; el reto está en establecer un sistema de responsabilidades públicas y privadas que no esté prendido con alfileres.